Por estos días se está hablando nuevamente en la UE sobre la puesta en vigencia de la obligatoriedad del almacenamiento de datos de los ususarios, por parte de los ISP. La Unión Europea desea incluir los datos personales de las redes sociales como Facebook y Twitter en el sistema de almacenamiento de datos. Debido a que esto violaría la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Bruselas se encuentra trabajando en el proyecto bajo estricto secreto. Recientemente habíamos informado sobre una noticia similar de EEUU en la que describíamos los métodos de análisis de datos de Facebook por la agencia tributaria americana IRS. El sistema de retención y almacenamiento de datos se esta reformando. Según Bruselas quieren unificar esta política y para ello un nuevo “grupo de expertos” va a elaborar nuevas directrices y se las va a presentar a la Comisión Europea. patrocinio “Las tecnologías de las comunicaciones electrónicas están cambiando rápidamente, por lo que también cambian los requisitos para las autoridades de control”, afirma el documento de la UE al que ha tenido acceso Deutsche Wirtschafts Nachrichten. La razón oficial que esgrime la UE para tener acceso a los nuevos canales de comunicación de los ciudadanos parece simple, “Las nuevas tecnologías hacen que se requiera esta interacción, para que el mandato legal de la aplicación de la ley se pueda seguir cumpliendo”. Violación de los derechos fundamentales Todo el tráfico de Internet de los usuarios tendría que ser almacenado sin excepciones, durante seis meses. Este proyecto se planeó hace ya años, pero fue rechazado debido a que violaba la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El almacenamiento de datos de las redes sociales es en sí mismo un desafío contradictorio: los respectivos tribunales nacionales de los Estados miembros no estarán de acuerdo con una extensión de una directiva de la UE que viola los derechos fundamentales. Pero a pesar de todo el nuevo ‘grupo de expertos’ de la Unión Europea trabaja bajo “secreto profesional” en el tema. Presumiblemente, a Bruselas lo que le interesa es poder detectar a través de Facebook y de las redes sociales si se está gestando algún tipo rebelión en algún lugar. Los ciudadanos creen que navegando en las redes sociales gozan de libertad, pero esta libertad se puede convertir rápidamente en un arma de dos filos. Vamos en la senda de la democracia autoritaria. http://www.oroyfinanzas.com/2013/05/union-europea-analizar-datos-usuarios-fa... La política antiterrorismo ha provocado lo contrario de aquello que buscaba: afianzar la libertad, dice la presidenta del Partido Pirata de Alemania, Katharina Nocun en conversación con Deutsche Welle. Deutsche Welle: Hay gran indignación en todo el mundo por las revelaciones de los programas de espionaje PRISM, también en Alemania. Algunos miembros de su partido provienen de la escena de los hackers y activistas de la red y conocen sus características desde hace más tiempo que muchos políticos establecidos. ¿Qué dicen los piratas sobre el debate por las revelaciones del informante Edward Snowden? Katharina Nocun: El Partido Pirata, como movimiento internacional, surgió también porque vemos que la libertad y los derechos de los ciudadanos en Internet están en peligro. El espionaje en Internet no es un tema que surge ahora. En la comunidad de la red, el debate siempre ha tenido lugar. Lo que faltaba hasta ahora que alguien con informaciones desde adentro que se dirigiera a la opinión pública. El tema de la vigilancia en la red ahora tiene un rostro: el de Edward Snowden, y ha llegado a ocupar los titulares de los medios del mundo. ¿Por qué cree usted que este debate es tan importante? Independientemente del espacio virtual, en lo que respecta al almacenamiento de datos, los derechos de los ciudadanos fueron objeto de limitaciones cada vez más frecuentes en los últimos años. Las atribuciones de los servicios secretos fueron ampliadas. Además, se crearon bancos de datos en conjunto con la Policía y los servicios de inteligencia. A partir del 11 de septiembre abandonamos nuestros derechos fundamentales en manos de aparato de vigilancia de dimensiones exageradas. ¿Es decir que las medidas antiterroristas tomadas luego del atentado a las Torres Gemelas marcan un punto de inflexión también para Internet? Definitivamente. Hemos llegado a una encrucijada. La cuestión es si elegimos el camino de la vigilancia o si queremos luchar por más transparencia y co-decisión. El cambio fundamental de paradigma que se produjo en 2001 consistió en pasar de la investigación con un objetivo determinado a la vigilancia indiscriminada, en la que se dio por tierra con la presunción de inocencia. Cada medida, como la del almacenamiento de datos, que es muy amplio, afecta a toda la población y no solo comienza cuando surge una sospecha fundada, representa una venta a bajo precio del Estado de derecho. Entretanto, nos hemos acostumbrado a muchas cosas. Hasta el momento, no se retiró casi ninguna de las medidas antiterroristas. En la lucha contra el terrorismo estamos a punto de terminar con lo que, en verdad, queremos lograr: defender la libertad, los derechos civiles y el Estado de derecho. ¿Es Internet un enorme aparato de vigilancia? La red ofrece dos posibilidades para una sociedad: puede ser un instrumento de control de movimientos sociales, o una herramienta de la sociedad civil para reformar la democracia y adaptarla para que tenga vigencia en el siglo XXI. Ambos caminos se excluyen. Por eso, los piratas decimos que deberíamos abandonar el camino de la vigilancia y volver al de la transparencia, la co-decisión y los derechos ciudadanos. Su partido escribió una carta a la canciller Angela Merkel. ¿Cuáles son sus demandas? En primer lugar, se deben poner todos los hechos sobre la mesa, es decir, necesitamos comisiones de investigación que actúen en ese sentido. Un Gobierno que dice que no sabía nada pierde credibilidad. En segundo lugar, necesitamos un debate sobre el programa PRISM, o sobre proyectos similares que se estén planeando en Europa y en Alemania. En tercer lugar, el Gobierno alemán también debería tomar posición defendiendo a los ciudadanos, por ejemplo, en el marco de las negociaciones sobre un tratado de comercio transatlántico con EE. UU. ¿Qué opina sobre la idea de un Internet europeo, independiente de EE. UU.? Internet no funciona dentro de los límites de fronteras o continentes. Puede ser que un e-mail que mande a Berlín pase primero por Australia o EE. UU. porque la conexión en ese momento es más rápida por esa vía. Como Unión Europea, tenemos que lograr una mayor protección de datos. (…) En cuanto a la importancia de la red, la clase política tradicional no entiende que Internet se está metiendo en cada vez más áreas de nuestra vida. Si el Estado exige un acceso cada vez mayor a nuestros datos, el potencial de abuso es muy grande. Debemos definir claramente cuáles son los datos a los que el Estado puede tener acceso y cuáles no, y en qué condiciones. http://www.dw.de/internet-est%C3%A1-en-una-encrucijada/a-16947710 Nuestros vecinos, Brasil, van por el mismo camino: El Gobierno brasileño estudia una medida para obligar a las multinacionales que ofrecen acceso y servicios en internet a almacenar sus datos en Brasil y no en el exterior, dijo hoy el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo Silva, en entrevista con el diario O Estado de Sao Paulo. "Lo ideal es que esas empresas mantengan sus registros en el país para que puedan estar disponibles en caso de que la justicia brasileña los solicite", aseguró Silva en la entrevista con el diario paulista. El ministro admitió que dicha medida no formaba parte del proyecto de ley para regular internet que el Gobierno estudia hace varios meses y que presentará a consideración del Congreso pero que se hace necesaria ahora, tras el escándalo provocado por las denuncias de espionaje del ex analista de la CIA Edward Snowden. Según Snowden, la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) de EE.UU. espiaron tanto los teléfonos como la actividad de los brasileños en internet. El ministro afirmó que el almacenamiento de los datos en el país es un asunto de soberanía nacional, debido a que las empresas de internet se están negando a ofrecerle datos a la justicia brasileña con la disculpa de que sus archivos no están en el país. Según el ministro, la vulnerabilidad de los datos transmitidos por los brasileños en internet es muy alta debido a que, además de la "colosal" concentración de las centrales de las empresas de internet en Estados Unidos, la mayoría de las transmisiones brasileñas pasa por servidores estadounidenses. Además de obligar a las empresas a archivar sus datos en el país, el gobierno brasileño también va a invertir en la infraestructura de las redes locales y a promover una reforma de la gestión internacional de internet, para que sea asumida por la ONU y no por Estados Unidos. "El problema es que la internet tiene reglas de gestión exclusivamente dictadas por Estados Unidos. Defendemos una gestión multilateral y multisectorial. Países y sociedades tienen que estar representados, pero los Estados Unidos se resisten mucho y frenan cualquier intento de discusión sobre el asunto", dijo. Otra iniciativa del gobierno brasileño será el análisis de las políticas de privacidad de empresas como Facebook y Google para garantizar el libre uso de internet con respeto a la libertad individual. http://www.lanacion.com.ar/1601019-nuevo-avance-de-brasil-contra-el-espionaj... Y el gobierno argentino, fué uno de los mejores alumnos de la NSA, y ya lo habría implementado hace 10 años, con el decreto 1563/04: El 31 de julio de 2005 entró en vigencia una ley que obliga a las proveedoras de Internet a almacenar todos los datos que se transmitan por el ciberespacio por un plazo de diez años. Es decir que todos los movimientos que realice un usuario a través de su correo electrónico , incluso el contenido, el chat , y sobre cada uno de los sitios visitados en la web quedarán archivados por los proveedores. La norma, que fue aprobada y reglamentada, se fundamenta como una herramienta de seguridad para evitar secuestros y casos de narcotráfico ya que de esta forma la Justicia podría acceder a la información si lo precisara. Según una nota publicada en el diario Página/12, para expertos en derecho a la información esta ley es un claro ataque a los derechos civiles violando las más elementales normas sobre la protección a la intimidad "Genera un grado de vigilancia permanente", señaló el abogado Damián Loretti, director de la Carrera de Comunicación de la UBA y cuestiona si el Estado asume la responsabilidad por los daños y perjuicios por el mal uso de la información. La Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (Cabase) que agrupa a las proveedores, presentó a mediados de diciembre un amparo en la Justicia en el que cuestiona la constitucionalidad de la Ley 25.873 y del decreto 1563/04. Según el matutino, la abogada Mariana Tamara Saulquin, del Ministerio de Economía, defendió la norma y desestimó que la ley violara las normas constitucionales. A través de un escrito en la causa, la letrada señaló que "se trata siempre y en todos los casos del acceso por parte del internauta a contenidos de acceso público (...) y si el juez interviniente estima necesario para la dilucidación de una causa determinar los hábitos de lectura de determinada persona" Y aclaró que la norma "establece que el acceso a las grabaciones y datos recolectados sólo será posible mediante una orden judicial". Saulquin precisó que la normativa tiene como objeto "la defensa nacional" y "la averiguación y represión de ilícitos". Otras normas semejantes están en estudio en países europeos y distintas instituciones, como el del Defensor del Pueblo español, han pedido medidas similares. Todo ello en "aras" a la investigación de posibles delitos que un ciudadano pueda cometer en un momento determinado de su vida. ¿Para cuando una ley que instale un chip a todos los recién nacidos y que registre su actividad a lo largo de los años y que luego sirva para demostrar su culpabilidad en cualquier delito? ________________________________ Diputados suman rechazos contra la ley que vigila Internet El socialista Héctor Polino calificó de "totalitario" al proyecto que permite al Estado fiscalizar el correo electrónico y el chat. Mauricio Bossa, de la Ucedé, dijo que es una "intromisión". (InfoBAE) El diputado socialista Héctor Polino embistió duramente esta mañana contra una ley que habilita al Estado a espiar las comunicaciones que realizan los usuarios vía Internet. "Es un proyecto que tiene características totalitarias", arremetió Polino y agregó que "la Constitución tiene por misión proteger los textos que se envían los ciudadanos" y en este caso se aplica también "sobre los consumidores de Internet". En este sentido, el legislador apuntó que el decreto vulnera la privacidad que debe existir en las comunicaciones entre personas y empresas. Por su parte, el diputado Mauricio Bossa, de la Ucedé, dijo que "la ley es una intromisión, además que establece una serie de costos imposibles de afrontar". Bossa, que integra la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, opinó que "esta ley es absolutamente inconstitucional y obliga a los compañías a disponer los tiempos necesarios para fiscalizar el correo. La empresa prestadora de servicios de telecomunicones está obligada a instalar mecanismos que graben las telecomunicaciones y así enviarlas al Estado". ________________________________ Piden derogar la ley que permite espiar charlas telefónicas o por mail El diputado Cristian Ritondo adelantó a La NaciOnline que habrá consenso para anular la norma. (La NaciOnline) Diputados de diferentes partidos, encabezados por el justicialista Cristian Ritondo, presentarán mañana un proyecto para la derogación de la ley que obliga a los proveedores de servicios de Internet a almacenar durante 10 años información de sus clientes. Los diputados analizan también la posibilidad de redactar una ley correctiva, tras realizar una serie de consultas con expertos en informática que coincidieron en destacar que la norma avasalla los derechos individuales de los usuarios. En diálogo con La NaciOnline, Ritondo explicó los alcances del proyecto: "Necesitamos que esto se vuelva a discutir porque se planteó que podría ser inconstitucional; por lo menos debe someterse a una discusión con técnicos informáticos, donde también participen hombres del derecho y sin duda, analistas en el tema de seguridad". El legislador opinó que "es inexplicable e imposible de contener que durante 10 años esté todo lo que pasa por Internet y las comunicaciones guardadas y que una empresa sea la que lo pueda almacenar". Agregó que "esto significa que cada empresa tendrá que invertir una gran cantidad de dinero que terminarán pagando los usuarios. Se tiene que estudiar más en profundidad. Esto es demasiado abundante y no se deben vulnerar los principios más básicos relativos a la privacidad e intimidad". La ley debería entrar en vigencia a partir del 31 de julio. Sin embargo, Ritondo aseguró que confían en una rápido salución del tema. "Creo que se va a dar una pronta discusión porque el presidente de la Comisión (Osvaldo Nemirovski) ha planteado que va a requerir por lo menos modificaciones". El Gobierno Esta mañana, el Gobierno expresó que esperará a que "se expida la Justicia" antes de evaluar si aplica alguna modificación a la polémica ley de Telecomunicaciones, que dispone el archivo de llamadas telefónicas y mails por diez años, con el objeto de combatir el delito, en especial los casos de secuestros extorsivos y narcotráfico. Un integrante del Gabinete nacional, que pidió el anonimato, dijo que "el Gobierno va a esperar las presentaciones que se realicen ante la Justicia y que ésta se expida antes de tomar alguna decisión. Consultado por DyN, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, se excusó a responder, mientras que el jurista Daniel Sabsay dijo no encontrar "cuál es la fundamentación para la reglamentación de este decreto, que crea una situación abusiva en la cual todos vamos a estar permanentemente espiados", se quejó. En declaraciones a radio Mitre, Sabsay opinó que, con esta normativa, "todos pasan a ser sospechosos", y la norma violaría "la zona de reserva de la intimidad". En tanto, el diputado nacional Mauricio Bossa (UCEDE-Córdoba), uno de los tres legisladores que rechazó el proyecto, lo calificó hoy como "una gran locura y una enorme fantasía". La ley de Telecomunicaciones (25.873), sancionada el 17 de diciembre de 2003 en la última sesión ordinaria del Senado, sobre tablas y sin debate parlamentario, fue reglamentada a través del decreto 1653 del 9 de noviembre del año pasado. Las normativas señalan que las prestadoras de telecomunicaciones, incluidas las de telefonía móvil, deberán almacenar los datos de sus clientes: a quién llaman y qué llamadas reciben, la duración de los contactos y en qué lugar se encontraba el aparato en el momento de la comunicación. También deben quedar archivados los contenidos de sitios visitados, salas de chat, correos electrónicos enviados y recibidos. En declaraciones a radio Continental, Bossa consideró que la normativa "es anticonstitucional, porque establece que todos los ciudadanos están bajo sospecha". "Se están metiendo con nuestra intimidad, y declaran que todos somos potencialmente sospechosos violando el precepto constitucional que dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", agregó. Bossa destacó que "éste fue un esquema que sugirió la SIDE al presidente del bloque del partido Justicialista, José María Díaz Bancalari, diciendo que ellos necesitaban que las empresas de telecomunicaciones les proveyeran gratuitamente escuchas telefónicas para casos sospechosos, y surge este proyecto que dice mucho más que esto". "Técnicamente es un proyecto casi imposible de llevar a cabo; ni siquiera la película ´Misión imposible´ contempla tal tipo de tecnología. Esto suena a una gran locura, una enorme fantasía, y revela una increíble incapacidad de quien ha reglamentado la norma", agregó. ________________________________ Kirchner ordenó derogar el decreto que reglamenta la polémica ley para controlar a usuarios de Internet "El objetivo fue controlar el tráfico pero no el contenido", aseguró el jefe de Gabinete. La norma había despertado un enérgico rechazo. (Clarín) Desde Alemania, el presidente Néstor Kirchner ordenó esta mañana suspender el decreto que reglamenta una polémica ley que obliga a los proveedores de Internet a almacenar durante diez años datos de sus clientes, por si la SIDE se lo pide a la Justicia. La decisión presidencial fue confirmada pasado el mediodía por el jefe de Gabinete Alberto Fernández. "El objetivo fue controlar los tráficos y no el contenido", aseguró durante una conferencia de prensa. La norma había generado un enérgico rechazo desde todos los sectores por la amenaza que supone para los derechos civiles. "Ni la ley ni el decreto suponían conocer los contenidos de los llamados, los emails o los chats", indicó el jefe de Gabinete. "Obviamente, el Gobierno no tenía esa intención al reglamentar la norma, por cuanto está absolutamente comprometido con el respeto a los derechos de las personas", aclaró. El decreto derogatorio, según precisó Alberto Fernández, será firmado la semana que viene, una vez que el presidente Kirchner regrese al país. La polémica había estallado tras una nota publicada el domingo en Página 12. De acuerdo con la norma, quedarán archivados en registros privados los sitios visitados y los contenidos del correo electrónico y chats de los usuarios, información que puede pasar a manos de los servicios secretos del Estado si media una orden judicial. Esta mañana, tanto legisladores como constitucionalistas volvieron a criticar duramente la ley, aprobada sin debate a fines de 2003 y reglamentada el 9 de noviembre de 2004, por lo que tendría que empezar a regir a partir del 1º de julio (Edición impresa). "Es una violación del derecho a la intimidad, es un allanamiento sin orden judicial que lo justifique. Los organismos técnicos y legales del Gobierno tuvieron todo un año para analizar la ley. Pero en todo caso, lo que hicieron fue hacer más represiva la norma...", volvió a afirmar el constitucionalista Daniel Sabsay en declaraciones televisivas. "Esta norma da vuelta el principio de presunción de inocencia. Ahora somos todos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Me parece realmente muy perverso... Estas leyes son tratadas dentro en un paquete de fin de año y sobre tablas", completó Sabsay. Cuando se aprobó, la ley fue presentada con un título que se refería solo a las comunicaciones móviles, como una ayuda para investigar los secuestros extorsivos para los que se usaban teléfonos celulares. Pero después, tras la intervención del ex ministro Gustavo Beliz y del secretario de Seguridad Norberto Quantín, se extendió a todo tipo de comunicaciones. "La discusión era que los proveedores de servicios de telefonía celular debían informar en forma inmediata sobre las llamadas que tengan que ver con secuestros o con llamadas que se vienen siguiendo. Estamos hablando de noviembre de 2003", explicó la diputada Gracia María Jaroslavsky (UCR) sobre la aprobación de la ley en declaraciones a Radio Mitre. "Esta es una herramienta que tiene el Estado para garantizar la seguridad de las personas. El tema es que el Estado distorsione estos instrumentos. No es que por ley el Estado esta obligado a espiar los mails”, indicó la legisladora. http://axxon.com.ar/not/149/c-1490078.htm A partir del 31 de julio, los proveedores de servicios de Internet deberán almacenar las preferencias de todos sus clientes por un plazo de diez años, de acuerdo con una ley aprobada sobre tablas y un decreto del Ejecutivo que la reglamentó. De esta forma, quedarán archivados en registros privados cada uno de los sitios visitados, con quiénes se chateó, en qué términos y hasta el contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos, según advierten con “gran preocupación” especialistas en derecho a la información y seguridad informática. Toda esta información deberá quedar a disposición inmediata de la Side ante un posible requerimiento de la Justicia o del Ministerio Público. Según sus fundamentos, la normativa apunta a combatir el delito, particularmente “en los casos de secuestros extorsivos y narcotráfico”. Para algunos expertos, sin embargo, constituye una avanzada sobre los derechos civiles, que viola normas de protección a la intimidad. El dilema ya llegó a la Justicia. Las normas cuestionadas son la Ley de Telecomunicaciones Nº 25.873, sancionada el 17 de diciembre de 2003 (en la última sesión ordinaria del Senado, sobre tablas y sin debate parlamentario), y el decreto Nº 1653 que la reglamentó, del 9 de noviembre de 2004. A pesar del tiempo transcurrido, sus contenidos tuvieron poca trascendencia. Ambas normativas establecen, además, que las prestadoras de telecomunicaciones, incluidas las de telefonía móvil, deberán almacenar los datos de sus clientes: a quién llaman y qué llamadas reciben, la duración de los contactos y en qué lugar se encontraba el aparato en el momento de la comunicación. También deberán contar con equipamiento para que en caso de que un juez o un fiscal ordene la interceptación de alguna comunicación, ésta se haga de forma inmediata. En todos los casos, “la información deberá ser conservada por los prestadores de servicios de telecomunicaciones por el plazo de diez años”, un lapso que para los expertos consultados resulta “exorbitante” y no se exige en ningún otro país. La Ley de Comercio Electrónico de España habilita a retener los datos de conexión y tráfico de los usuarios de Internet por un período máximo de 12 meses. La Directiva Europea sobre comercio electrónico prohíbe que se otorgue al proveedor de acceso la facultad u obligación de vigilar a sus clientes. Pero el punto más polémico de la normativa argentina, advierten los expertos consultados, es aquel que ordena el archivo de todos los movimientos en la web de los usuarios de Internet. “Genera un grado de vigilancia permanente”, señaló el abogado Damián Loretti, director de la Carrera de Comunicación de la UBA. “Guardar por las dudas es un principio fascista. Es la República de Blumberg, es el Gran Hermano: Te controlo para que no hagas”, cuestionó el matemático Enrique Chaparro, especialista en Seguridad informática y Criptología. “En la práctica no es más que el reconocimiento público de que todos los ciudadanos podemos quedar bajo vigilancia y aún peor, que esa vigilancia será hecha por empresas privadas”, analizó Beatriz Busaniche, activista de software libre, integrante de la Fundación Vía Libre. Para Busaniche, “el gobierno reglamentó el monitoreo colectivo en una forma que asustaría a los mismísimos espías de la administración Bush”. A su entender, viola el artículo 43 de la Constitución que protege el derecho de habeas data. “Según este artículo, todo ciudadano tiene derecho a pedir que se borren sus datos de cualquier base de datos, pero el decreto dice que las empresas deben mantener bajo secreto la infraestructura para controlar”, observó Busaniche. También consideró que transgrede el artículo 19 de la Constitución nacional (que establece que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública” están sólo reservadas a Dios) y el 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Página/12 intentó consultar al titular de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Guillermo Moreno, autoridad de regulación de la ley en cuestión según el decreto reglamentario, pero el funcionario prefirió no opinar al respecto. Tampoco quiso responder a este diario el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) –Ceferino Namuncurá–, organismo designado como autoridad de aplicación de la normativa. ¿El gran hermano? “Sería lo mismo que obligar a las librerías o quioscos de diarios a que lleven un registro de los datos filiatorios, libros, diarios y revistas que compran sus clientes. Anotar, registrar, guardar para saber algún día si compran La Nación o Página/12, si leen a Marx o a Primo de Rivera, si son aficionados a la literatura histórica, de ficción, si consumen literatura o folletines eróticos: hetero, homo, bi o transexuales”, comparó el abogado Ariel Caplan, representante legal de la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (Cabase), que agrupa a unas 120 empresas del sector. “Un registro durante una década no tiene antecedentes en el derecho comparado”, agregó. La Cabase presentó a mediados de diciembre un amparo en la Justicia en el que cuestiona la constitucionalidad de la Ley 25.873 y del decreto 1563/04. El recurso tramita en el juzgado Nº 12 en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Guillermo Rossi. La entidad considera que la normativa implica desde una intromisión en la esfera íntima –poniéndose los proveedores de servicios de Internet en rol de prestadores, pero también de usuarios– hasta una confiscación. Este último punto es el principal motivo de movilización de la Cabase. Según el decreto 1563, al 31 de julio, todas las empresas de telecomunicaciones deberán estar equipadas para interceptar y retransmitir comunicaciones a la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado (conocida como Ojota), además de almacenar todos los movimientos de los clientes a través de Internet y que esta información esté disponsible on line. Para la Cabase significará un desembolso en tecnología que dejará en la lona a muchas empresas del sector. “Hicimos una estimación y calculamos un costo adicional para los proveedores de servicios de Internet de unos 50 mil pesos. Las empresas medianas y pequeñas no podrán absorberlo. Como éste es un mercado muy competitivo, no todos podrán trasladar el costo a sus tarifas. Además, el sistema tiene un alto costo de administración. Hay que tener un sistema de búsqueda, una base de datos. Hoy toda la información de tráfico que vamos a tener que guardar por diez años se archiva apenas un mes”, se quejó el presidente de la Cabase, Patricio Seoane, en diálogo con Página/12. Seguridad nacional El juez Rossi todavía no se expidió sobre el tema de fondo. En el marco de la causa, el magistrado pidió explicaciones al Gobierno. En nombre del Ejecutivo contestó el 1º de marzo la abogada Mariana Tamara Saulquin, del Ministerio de Economía. En un escrito de 32 páginas –al que tuvo acceso este diario–, la letrada negó que la normativa implicara una violación a normas constitucionales. “La mención que se efectúa sobre la posibilidad de obtener un registro de las páginas web visitadas o los artículos de un diario leído, si bien es técnicamente factible, no implicaría violación alguna a la privacidad. En ese sentido debe señalarse que se trata siempre y en todos los casos del acceso por parte del internauta a contenidos de acceso público (...) y si el juez interviniente estima necesario para la dilucidación de una causa determinar los hábitos de lectura de determinada persona, no se alcanza a visualizar el agravio constitucional en cuestión”, señaló Saulquin al magistrado. Y aclaró que la norma “establece que el acceso a las grabaciones y datos recolectados sólo será posible mediante una orden judicial”. Saulquin precisó que la normativa tiene como objeto “la defensa nacional” y “la averiguación y represión de ilícitos”. Para el matemático Chaparro, “no hay justificación de ninguna índole para invadir la privacidad” con medidas de estas características. ¿Cómo va a garantizar el Estado que las empresas no vendan los datos almacenados?, es una de las preguntas que se hacen los expertos en Derecho a la Información consultados por este diario. “El Estado asume la responsabilidad por los daños y perjuicios por el uso de la información. Es un reconocimiento de que puede haber un mal uso”, observó Loretti, abogado especializado en Medios de Comunicación. De la lectura de la normativa –apuntó el director de la Carrera de Comunicación de la UBA– queda claro que la vigilancia incluirá los contenidos de los correos electrónicos. Para Loretti, otro de los aspectos “graves” de la legislación es que habilita a los fiscales a ordenar la interceptación de las comunicaciones. “Constitucionalmente sólo están autorizados los jueces a disponer una medida de esa naturaleza”, señaló. Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, consideró que la situación es “más grave todavía porque el decreto tiene una cláusula de confidencialidad que impide conocer cuáles son los mecanismos que las empresas utilizan para vigilar las comunicaciones privadas”. Los expertos ven esta medida en el marco de una regresión mundial en materia de derechos civiles a partir de la lucha contra el terrorismo internacional. “En la Argentina, millones de ciudadanos conmovidos por el dolor de un padre cometieron la torpeza de decirle al Gobierno que prefería la vigilancia de todos para prevenir el delito. El decreto que ahora nos ocupa no es más que otra pata de la instalación en el sentido común de una dicotomía infame: seguridad versus privacidad. Aquella dicotomía que pretende hacernos creer que para vivir más seguros debemos ceder derechos básicos como la intimidad”, sentenció Busaniche. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-49541.html Con respecto a "la ley espía" en Argentina, hubo varias idas y vueltas, diciendo que se derogó, pero nada es cierto. En teoría, la citada ley fué derogada: http://fuentedederecho.com.ar/archives/469 http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/11082688/Resumen-Fallo-Ha... ”HALABI, Ernesto c/ PEN Ley 25.873 y Decreto 1563/04 s/ AMPARO ". Los jueces de la Corte Suprema fallaron a favor de la protección de la privacidad, en tanto que declararon inconstitucional la ley 25873, y su decreto reglamentario 1563/04. De la misma manera el fallo creó la "acción colectiva", ya que el tema planteado excede el interés de las partes. El pedido de inconstitucionalidad fue porque las normas vulneraban los derechos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Carta Magna, en la medida que autorizan la interrupción de las comunicaciones telefónicas y por Internet, sin determinar en qué casos y con qué justificativos. Las normas mencionadas más arriba, afectan una de las facetas de la libertad individual que constituye el derecho a la intimidad (protegidos por los arts. 18 y 19 primera parte de la Constitución). El Máximo Tribunal creó la "acción colectiva" ya que consideró que a ese respecto hay un faltante legislativo, y que hay una clara afectación del acceso a la justicia, porque no se justifica que cada uno de los posibles afectados de la clase de sujetos involucrados deba promover una nueva demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma. La acción resultará procedente en aquellos casos referidos a materias como el ambiente, al Consumo, o a la salud, o afecten a grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso débilmente protegidos. Los integrantes de la Corte formularon algunas precisiones para que tengan en cuenta jueces que tratan acciones similares: -resguardar el derecho de defensa en juicio -la precisa identificación del grupo o Colectivo afectado -la idoneidad de quien pretenda asumir su representación -garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que puedan tener un interés en el resultado del litigio -implementar adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos. La sentencia por un lado crea la acción de clase que garantiza los derechos de dimensión colectiva, y por otro protege la privacidad en el uso de Internet y telefonía, frente a posibles intromisiones de organismos del Estado. El fallo se dio por mayoría donde todos los miembros del Tribunal coincidieron en confirmar la decisión de Cámara. El voto de la mayoría (jueces Lorenzetti, Highton, Zaffaroni y Maqueda) desarrolla, los fundamentos para reconocer la acción colectiva para casos futuros, mientras que el voto de la minoría (Fayt, Petracchi, Argibay) se limita a confirmar declarando improcedente el recurso extraordinario interpuesto. O sea, que ese fallo es del 2009, o sea que esa ley estubo vigente por al menos 5 años. Después, nuestro gobierno, lanzó el "Proyecto X": El espionaje ilegal de Gendarmería Nacional sobre militantes sociales es un hecho incuestionable acerca de cuya existencia no vale la pena discusión alguna. Se trata de una práctica abyecta, rémora de lo peor de nuestros años más oscuros, propia de regímenes autoritarios. Lo relevante, a mi juicio, es analizar el alcance de semejante desvío institucional y revisar las condiciones que lo hacen posible. Una hipótesis de mínima es vincular al Proyecto X con un gesto atávico de ciertos sectores de las fuerzas de seguridad que todavía no asimilan valores democráticos. En ese contexto, el Gobierno sería responsable por no poder controlarlos, a pesar de los gestos ampulosos de “democratización” respecto de la fuerza de seguridad que es la vedette de las intervenciones en territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Existe, sin embargo, una segunda lectura, mucho más grave que la anterior: que el Proyecto X es parte del Proyecto K. No se trataría del accionar autónomo de una patrulla perdida, sino del emergente necesario de una forma de concebir la política, de construir alianzas y de controlar el espacio público y la movilización social. El Gobierno, en efecto, convive, usa y aprovecha la inteligencia prohibida, porque es así como construye su poder en todos los demás ámbitos. Por ello no critica, y en cambio reivindica como virtud de liderazgo, su monumental capacidad de aunar bajo el mismo paraguas expresiones tan contrapuestas como las Abuelas de Plaza de Mayo o ciertas minorías sociales discriminadas, junto a los Jaime, los Boudou, los neodiputruchos, los Antonini Wilson y los contratistas de siempre como Cristóbal López o los Cirigliano. Sólo esta peligrosa simbiosis explica la cerrazón de la ministra Garré a dar cuenta del Proyecto X: “No es un plan secreto de espionaje” ni “se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales”, dijo y mintió, en lugar de tender la mano y abrir el juego a otras fuerzas democráticas que hubiéramos acompañado de buena gana un genuino esfuerzo por democratizar las fuerzas de seguridad. El kirchnerismo, empero, ha consolidado un modo de hacer política que rechazamos. Privilegia alianzas impresentables y rompe puentes con otras fuerzas democráticas. En su carrera, pacta más de una vez con el diablo, en vez de dialogar con quienes tenemos el pecado de pensar un poco distinto. El Proyecto X, en esta lógica, es un reflejo cabal de un modo de hacer política. Una vergonzosa unión de compromiso con los sectores más reaccionarios de la seguridad al sólo efecto de controlar la calle y anticipar algunas jugadas políticas. Nos obligaron a cargar un escorpión y ahora debemos sufrir las consecuencias de su irresponsabilidad. http://www.clarin.com/politica/Proyecto-forma-parte-proyecto_0_879512154.htm... http://www.clarin.com/politica/Proyecto-reclamo-profesores-espiados_0_101269... http://www.clarin.com/politica/Allanan-Campo-Mayo-investigacion-Proyecto_0_1... http://www.clarin.com/politica/izquierda-Plaza-denuncio-espionaje-Proyecto_0... http://www.clarin.com/politica/Piden-indagatoria-Garre-Anibal-Fernandez_0_88... http://www.clarin.com/politica/recibira-delegados-gremiales-espiados-Gendarm... http://www.clarin.com/politica/Gobierno-intenta-despegarse-espionaje-Gendarm... Que me cuentan? Que "En todas partes se cuecen habas"??? -- USA LINUX OPENSUSE QUE ES SOFTWARE LIBRE, NO NECESITAS PIRATEAR NADA Y NI TE VAS A PREOCUPAR MAS POR LOS VIRUS Y SPYWARES: http://www.opensuse.org/es/ Puedes visitar mi blog en: http://jerbes.blogspot.com.ar/ -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org